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El desastre de la política agrícola federal

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Tags Burocracia y RegulaciónImpuestos y Gasto

04/09/2018

Alguien definió alguna vez a la metafísica como buscar en un cuarto oscuro un gato negro que no está ahí. Durante los últimos 35 años en Washington he estado buscando políticas públicas racionales. Y, como el gato negro, estoy empezando a dudar que estén realmente ahí.

Pero lo que encuentro habitualmente es la idea de que “Washington sabe más”. La arrogancia de los legisladores es sorprendente, y continúa a pesar de las muchas debacles que desatan.

Las políticas federales son mucho más irracionales, derrochadoras y opresivas de lo que se dice habitualmente. El leviatán se ha visto enormemente ayudado por unos medios de comunicación de masas que a menudo no comprenden en absoluto los programas ni las intervenciones y están acostumbrados a ser informados por los políticos y los agentes de prensa del gobierno.

Había estado criticando en Washington a las agencias federales durante un par de años antes del día en que tomé mi Washington Post una mañana a principios de 1983 y vi un titular que anunciaba que los federales estaban planeando que se dejaran de cultivar 78 millones de acres de terreno cultivable ese año.

Aquí había un misterio, ya que todos sabían que Ronald Reagan era un defensor de la libre empresa. No puede sino sospechar que aquí había gato encerrado.

Pero tened en cuenta que los programas agrícolas federales habían empezado 50 años antes en respuesta a los fallos del mercado. Los cerebros de FDR decidieron que había algo propio de los mercados agrícolas que les impedía funcionar. El secretario de agricultura de FDR dijo que se necesitaba un dictador agrícola para resolver el problema. La evidencia principal de que los mercados habían fracasado era que los precios de las cosechas no eran tan altos como pensaban los políticos que debería ser. Así que los federales intervinieron para arreglarlo. Y como a los políticos les fue bien, siguieron arreglándolo cada año en durante el siguiente medio siglo.

A principios de 1983, los programas agrícolas eran un desastre total. En 1981, el Congreso aprobó una ley de granjas para dirigir la agricultura durante los siguientes cuatro años. Un plan quinquenal funcionaba bien con Stalin, así que ¿por qué no un plan cuatrienal para controlar a los granjeros de EEUU?

Pero el Congreso se equivocó en unos pocos detalles. El Congreso esperaba que la inflación siguiera subiendo, de forma que los apoyos a los precios para los principales cultivos aumentarían cada año. La Reserva Federal pisó el freno de la oferta monetaria y la inflación se ralentizó más rápido de lo que esperaban casi todos, menos Ron Paul y Lew Rockwell.

A finales de 1982, Estados Unidos tenía enormes excedentes de grano y las exportaciones se estaban desplomando porque los apoyos federales a los precios hacían que los cultivos estadounidenses no fueran competitivos en los mercados mundiales. Los granjeros podían ganar más arrojando su cosecha en el Departamento de Agricultura de EEUU que vendiéndola en el mercado. Los costes de los programas agrícolas se doblaron rápidamente y el Departamento de Agricultura enseguida se vio atrapado con los mayores excedentes agrícolas de propiedad pública de la historia.

 Así que la administración Reagan lanzó el programa de pago en especie para contrarrestar las ridículas señales enviadas por otros programas agrícolas. El pago en especie daba a los granjeros 25.000 millones de dólares para convencerles para que dejaran en barbecho su terreno, además de 50.000 millones en otros desembolsos ese año. [Las subvenciones se han convertido a dólares actuales]. Los 78 millones de acres que se dejaron de cultivar son más del doble de todo el territorio de Alabama, o los estados enteros de Ohio, Indiana y buena parte de Illinois.

El año anterior, yo había leído varios libros interesantes sobre la historia y locuras de la política agrícola, incluyendo uno de Bill Peterson, un amigo a quien me hace feliz ver homenajeado en un panel especial en la AERC. Empecé a escribir acerca de esta clausura de granjas y acabé consiguiendo un encargo del Reader’s Digest, lo que significaba que ya no tenía que ir a la tienda de empeños para pagar mi renta. Pero esa es otra historia.

Los políticos pensaron que el pago en especie era estupendo porque los granjeros son la sal de la tierra y bombardearlos con desembolsos sería como subvencionar las virtudes estadounidenses. Pero casi nadie en Washington se preocupó por el daño colateral que infligía este programa. Cerrar todos esos terrenos agrícolas eliminaba un cuarto de millón de empleos para trabajadores agrícolas y negocios relacionados con la agricultura, en un momento en el que la nación estaba luchando por recuperarse de su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En todo el Medio Oeste, cientos de vendedores de fertilizantes, equipos agrícolas y semillas tuvieron que cerrar porque el pago en especie rebajó sus ventas hasta un 50%. Y el recorte en las cosechas (combinado con una sequía que Washington no previó) género un repunte en los precios de los cereales que hizo quebrar a un enorme número de productores no subvencionados de ganado avícola, bovino y porcino.

Pero Block, el secretario de agricultura de EEUU, proclamaba que el pago en especie era “el programa agrícola de más éxito en la historia”. Como estaba escribiendo un artículo para una revista de gran tirada, su personal me permitió a regañadientes hacerle una entrevista.

Block era un graduado de West Point y un exitoso criador de cerdos que se describió una vez a sí mismo como “un chico del campo prestado al Departamento de Agricultura”. Pensé decirle que yo solo era “un chico de campo prestado al Reader’s Digest”, pero me callé la boca.

Block fue afable y se mantuvo amistoso a pesar de mis preguntas provocadoras. Cuando pregunté a Block por qué los federales estaban dejando de cultivar tantos acres, este destacó la necesidad “de evitar una hambruna de los granjeros en el campo”. Pero los granjeros ganaban diez veces más que los demás estadounidenses y eso no explicaba por qué a muchos granjeros se les pagaba el triple por parte de los federales por no plantar, comparado con lo que podían haber obtenido de una cosecha.

Block dijo que el pago en especie era necesario porque el “gobierno federal debe dirigirse hacia una política agrícola más orientada al mercado”. Entonces pregunté: ¿Cómo es que Reagan aprobó esa ley a finales de 1982 aumentando los apoyos a los precios de las cosechas todavía más, haciendo así a los granjeros más dependientes del gobierno?

Block se sintió confundido y negó que se hubiera aprobado ninguna ley como esa. Su voluminoso secretario de prensa, sentado a su derecha, se retorció como si alguien acabara de romper una ventana, se inclinó hacia Block y le dijo suavemente: “Creo que se refiere a las disposiciones de la Ley Ómnibus de Reconciliación del Presupuesto del último septiembre”. Blocks se encogió de hombros. Me paré, esperando una respuesta y luego me di cuenta de que no iba a oír nada hasta que las ranas criaran pelo.

Las contradicciones en la política nunca aparecieron afectar a Block. Tal vez por eso fue nombrado para el cargo.

El pago en especie no tenía ningún sentido, pero se convirtió en el prototipo para el resto de la década de 1980. El Departamento de Agricultura siguió pagando a los granjeros para mantener en barbecho más de 70 millones de acres, mientras el legislador federal continuaba poniendo un pie en el acelerador y otro en el freno. Era más fácil para los políticos cerrar la agricultura estadounidense que desenredar las suicidas políticas agrícolas federales. Había innumerables excedentes de cosechas subvencionadas, porque los políticos decidieron que los precios de liquidación del mercado eran un lujo que EEUU no se podía permitir, al menos en periodo electoral.

Desde el inicio de la administración Reagan hasta 1995, consumidores y contribuyentes se han visto obligados a pagar más de 370.000 millones de dólares en desembolsos a los granjeros. Por la misma cantidad de dinero, el gobierno federal podría haber comprado todo el terreno agrícola en 41 estados.

Evidentemente, algo tenía que cambiar. Así que, en 1996, el Congreso republicano aprobó de la Ley de Libertad Agrícola, una ley que fue alabada sonoramente por los think tanks conservadores de Washington y algunas páginas editoriales conservadoras. Esa ley fue muy popular entre los reformistas, porque acababa con las subvenciones. O eso decían. En realidad, reemplazaba los desfasados desembolsos con “pagos de transición al mercado”. La Ley de Libertad Agrícola en realidad triplicaba las subvenciones, comparadas con lo que los granjeros habrían recibido bajo la ley anterior. Los cultivadores de trigo obtuvieron 50 veces más en subvenciones por su cosecha de 1996 de lo que habrían recibido si el Congreso se hubiera limitado a extender los programas agrícolas existentes. Los “pagos de transición al mercado” fueron populares entre los granjeros, así que el Congreso los extendió y acabó renunciando a cualquier pretensión de acabar con las subvenciones.

El Congreso está ahora trabajando en una nueva ley agrícola para cubrir los desembolsos de los próximos cuatro años. Las posibilidades de que haya decencia presupuestaria son pocas o ninguna (y “Pocas acaba de irse del pueblo”, como le gustaba decir a Dan Rather). Pero los fracasos perennes de los programas agrícolas siguen siendo uno de los más claros recordatorios de por qué el poder y el gasto de Washington tienen que recortarse radicalmente en todos los sentidos.

James Bovard is the author of ten books, including 2012’s Public Policy Hooligan, and 2006’s Attention Deficit Democracy. He has written for the New York Times, Wall Street Journal, Playboy, Washington Post, and many other publications.

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