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El mito que usaron para aprobar la atención sanitaria universal de Canadá

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Tags SaludHistorial Mundial

04/06/2018

Tom Kent era un importante responsable político del gobierno en Canadá cuando se aprobó en 1966  la Ley de Atención Médica de Canadá. Kent describía lo que impulsó la atención sanitaria universal: “Sencillamente, mucha gente pobre no podía conseguir atención cuando se necesitaba”.

Un año antes, la legislación de EEUU creaba Medicare y Medicaid, que no constituían una atención sanitaria universal, pero sí representaban un gran intervencionismo en el mercado sanitario. Los dos países son similares económica y culturalmente y ninguno de ellos ofrece evidencias para apoyar la afirmación de Kent de que a mucha gente pobre le faltaba acceso a la atención sanitaria.

Una lección de historia

Durante el siglo XIX y principios del XX, la atención sanitaria se ofrecía de diversas maneras, incluyendo asociaciones voluntarias de ayuda mutua en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos. Roderick Long escribía acerca de estas fraternidades, cuyos miembros podían suscribirse a diversos servicios, incluyendo seguros de vida, seguros de incapacidad y práctica de albergue. La práctica de albergue era un acuerdo por el que una sociedad o albergue concretos contratarían un doctor para proporcionar atención médica a sus miembros.

El doctor recibía un salario regular como anticipo, en lugar de cobrar por servicio; los miembros pagarían una tasa anual y reclamarían los servicios del doctor cuando se necesitaran. Si los servicios médicos resultaban insatisfactorios, se penalizaba al doctor y podía no renovarse el contrato. Los miembros del albergue según parece disfrutaban del grado de control del cliente que les permitía este sistema. Y la tendencia al uso excesivo de los servicios médicos se mantenía bajo control por el “autocontrol” de la propia fraternidad; los miembros del albergue que querían evitar futuros aumentos en las primas tenían motivos para asegurarse de que sus compañeros no abusaran del sistema.

El coste medio de la práctica de albergue para cada miembro estaba entre uno y dos dólares (el salario de un día) anualmente, mientras que los que no eran miembros pagaban el mismo precio por cada visita al doctor. Los doctores competían por los contratos de albergue, lo que mantenía bajos los costes. La experiencia canadiense con la práctica de albergue era similar y, como en Estados Unidos y Gran Bretaña, esto enfurecía a la comunidad médica.

La comunidad médica

La mayoría de la gente (incluyendo los doctores comunes del siglo XIX) se contentaban con alcanzar sus fines mediante las interacciones voluntarias con otros y no reclamaban el derecho a decir a otros lo que podían hacer o no. Sin embargo, siempre hay una minoría que detesta el intercambio voluntario en el libre mercado, prefiriendo prohibir esta actividad usando legislación pública para enriquecerse dictando los términos del negocio. Esto describe a la comunidad médica del siglo XIX (y de hoy). En Canadian Medicine, A Study In Restricted Entry (pp. 195, 197), Ronald Hamowy escribía:

En la década de 1890, la práctica de albergue había adquirido proporciones suficientes como para convertirse en objeto común de condena en las revistas médicas. Preocupaba especialmente las tasas de “saldo” para servicios cobrados por practicantes de albergue, con una consiguiente reducción en la demanda de servicios médicos a tarifa completa. (…)

El Canada Lancet, al comentar sobre el tema, señalaba: “¡Pensad por un momento lo absurdo que resulta que un doctor acepte atender a un grupo de 200 hombres a $1,25 al año y dar la medicina! Nos atrevemos a decir que sería mejor renunciar a los $250 y conseguir lo que se pueda a la manera tradicional”.

Lo que estaba diciendo realmente el Canada Lancet era: “Qué absurdo es que un doctor deba tener la libertad de negociar voluntariamente con la chusma. Nos atrevemos a decir que sus acciones egoístas están impidiendo que la comunidad médica superior aumente su renta dictando tarifas para el público general”.

La comunidad médica quería aumentar sus rentas restringiendo el número de doctores (en parte imponiendo criterios irrelevantes de licencia), pero no era fácil engañar al público. Hamowy (p. 125) escribía:

A pesar de las acciones del Colegio para eliminar a los médicos no registrados, la gente continuó oponiéndose con firmeza a la condena de estos a lo largo del siglo XIX. Tampoco creían al Colegio y las revistas médicas cuando insistían en que su campaña contra los “charlatanes” pretendía distinguir a los médicos con formación de los no cualificados. (…)

Muchos canadienses, especialmente los más pobres, persistían en consultar a médicos sin licencia, cuyas tarifas eran menores y no parecían menos competentes a la hora de prescribir medicaciones que sus correligionarios registrados. El intento de la profesión de eliminar estos doctores no estaba motivado por un interés altruista por mejorar la calidad de la atención médica ofrecida al público, sino por un deseo de rebajar la competencia, lo que a su vez aumentaría sus rentas.

Tristemente, la comunidad médica alcanzó su deseo, como explica Hamowy (pp. 129, 237):

Ya en 1869, uno de los representantes del Consejo [Médico de Ontario] había destacado, para delicia de los demás miembros, que “sería muy bueno para el país que no se aprobara a ningún estudiante más en los próximos diez años”. (…)

Para la primera década del siglo XX, los médicos en el Dominio habían conseguido obtener la aprobación de leyes en cada una de las provincias que limitaban la entrada en la profesión.

Después de muchos años de cabildeo, el gobierno regalaba a la comunidad médica legislación que le concedía un poder de monopolio sobre su sector, incluyendo las licencias, bajo la disculpa de que solo debería permitirse atender al público a médicos cualificados. (Las regulaciones públicas siempre sirven a los intereses de quienes cabildean a favor de dichas regulaciones).

La comunidad médica tenía muchos incentivos para cabildear y sobornar políticos porque la ganancia monetaria media para cada miembro de la comunidad sería enorme, comparada con la pérdida media sufrida por cada miembro del público. Esta dispersión de los costes entre un gran número de ciudadanos significaba que no tenían incentivos para constituir una oposición efectiva. Así que la comunidad ganaba a costa del público. ¡Eso es democracia!

Una premisa falsa

A instancias de la comunidad médica, su sector ya estaba altamente regulado por el gobierno antes de la creación del Medicare en la década de 1960. Como hemos visto, se usaba la coacción para limitar el número de médicos atendiendo al público, forzando así al alza los costes de la atención sanitaria por encima de los que deberían ser en un mercado no intervenido. Sin embargo, el mercado continuó funcionando de forma limitada. La gente pagaba en efectivo las visitas rutinarias al doctor, los precios no eran desproporcionados y había una gran disposición de seguros privados asequibles para los problemas más graves de salud. Como escribía William Gairdner (p. 288), cuando Tom Kent estaba promoviendo activamente el Medicare, “Ignoraba intencionadamente la disponibilidad casi universal de un amplio rango de opciones de seguro privado”. De hecho, mis suegros tenían un seguro privado y se oponían completamente a la legislación de atención sanitaria universal de Canadá.

A pesar de la complicidad del gobierno con la comunidad médica para aumentar los precios, a los pobres no se les negaba habitualmente la atención sanitaria. Durante el debate con mucha carga emocional del ObamaCare en 2009, A.J. Persohn escribía:

Nací en Canadá y resido en Australia. (…) Estas son mis observaciones sobre la medicina socializada para quien le interesen. En los 60 en Canadá había muchos pequeños hospitales comunitarios. Todo pueblo de 50.000 habitantes tenía uno. Los doctores ofrecían sus servicios a la gente desfavorecida con un coste bajo o nulo. (…) Al establecerse la medicina socializada, muchos de estos hospitales cerraron y aparecieron mayores instalaciones centralizadas.

En el mismo sentido que la anécdota anterior, el excongresista de EEUU, Dr. Ron Paul, escribía en The Revolution (pp. 85-86):

Antes de que existieran estos programas [Medicare, Medicaid], todos los médicos entendían que tenían un responsabilidad hacia los más desafortunados y la atención médica gratuita a los pobres era la norma. Casi nadie es hoy consciente de esto, ya que no se ajusta a la historia típica y estereotipada del gobierno rescatándonos de un sector privado depredador. (…)

Miles de instituciones de caridad con financiación privada proporcionaban servicios sanitarios a los pobres. Yo trabajé en un servicio de urgencias en el que no se rechazaba a nadie por falta de dinero.

Frente al Dr. Paul, consideremos la política de la comunidad médica (Hamowy, p. 331): En septiembre de 1869, la Canada Medical Journal observaba que una de las disposiciones del código de la Canadian Medical Association era que “Es denigrante para la dignidad de la profesión (…) ofrecer públicamente gratis consultas y medicinas a los pobres”.

El hecho es que esta facción elitista se sintiera obligada a incluir ese lenguaje en su código sugiere con fuerza que muchos doctores eran incapaces de resistirse al impulso humano de ayudar a los pobres gratis. Y eso en un momento en el que el nivel general de prosperidad era mucho más bajo del que habría un siglo después, cuando el gobierno instituyó Medicare. La caridad y la bondad supuestamente se desvanecieron en una época de mayor prosperidad.

Tom Kent quiere que creamos que había una crisis por la que la atención sanitaria se estaba denegando a muchos pobres, justificando así la imposición de la atención sanitaria universal en Canadá. Las evidencias no apoyan su explicación.

Following a 23-year career in the Canadian financial industry, Lee Friday has spent many years studying economics, politics, and social issues. He operates a news site at www.LondonNews1.com

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