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La policía estatal no hace arrestos en casi la mitad de los casos de asesinato

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Tags Burocracia y Regulación

10/11/2018

Los departamentos de policía en varias ciudades de los Estados Unidos (Chicago, Detroit, New Orleans) están recibiendo mayor atención por no haber resuelto incluso la mitad de los homicidios que ocurren en su jurisdicción. Y tenga en cuenta que para "resolver" un caso no necesariamente se requiere que alguien sea condenado por el delito, sino solo que se realizó un arresto o que el caso fue "aprobado por medios excepcionales," lo que significa que la policía identificó a un sospechoso, tenía pruebas suficientes para arrestar, y conocía su ubicación, pero se encontró con una circunstancia que les impedía realizar el arresto.

De todos los delitos clasificados como delitos del Índice I según los Informes uniformes de delincuencia del FBI, el asesinato y el homicidio sin negligencia por lo general tienen la tasa más alta de eliminación.

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Fuente: Liquidación FBI: UCR 2017

Lo que se debería tener en cuenta es cuánto más bajas son las tasas actuales de despeje de homicidios en comparación con las décadas de 1960 y 1970, aunque la cantidad de asesinatos en los últimos años es aproximadamente igual a la de los primeros 70. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el número de homicidios ha disminuido desde su pico en los años 90, pero también la tasa de eliminación.

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Fuente: Proyecto de Responsabilidad de Asesinato

Una explicación ofrecida de por qué este es el caso es que una proporción cada vez mayor de estos homicidios no resueltos son asesinatos de ganglios donde los testigos se niegan a hablar con la policía debido a normas anti-soplones, poca confianza en la policía o temor a represalias. De hecho, la ciudad de Indianápolis ha creado un fondo de protección de testigos en un esfuerzo por lograr que más testigos cooperen con la policía.

La policía no es tu amiga, incluso si quieres denunciar un crimen.

La indecisión para cooperar con la policía no debería ser sorprendente. Por un lado, a menos que tenga una relación personal con los oficiales de policía, siempre será un potencial sospechoso de delincuencia. En el peor de los casos, pedir ayuda a la policía puede resultar en el arresto o la muerte de usted o de un ser querido. Con los altos costos potenciales de interactuar con la policía, los individuos en el margen buscarán sustitutos para garantizar su seguridad.

Además, considere los incentivos que enfrentan los testigos de delitos. No es como si pudieran dejarle una propina anónima a la policía y terminar con ella; más bien, tendrán que soportar múltiples entrevistas con oficiales de policía y fiscales y se espera que testifiquen en el tribunal si surge la necesidad. Este será un proceso largo y prolongado durante el cual (y posiblemente después) uno podría ser un objetivo de represalia. La policía gubernamental no tiene el deber de proteger a las personas (ver Warren v. District of Columbia (1981)). El asesinato de un testigo puede incluso ser beneficioso desde la perspectiva de aumentar las tasas de despacho, ya que la policía ya tendría un sospechoso probable.

La policía del Estado carece de responsabilidad e incentivos

Sin embargo, por alguna razón este estado de cosas es tolerado. Nos hemos condicionado a esperar tal servicio de las burocracias gubernamentales y verlo como una rutina. Pero imagínese si los asesinatos ocurrieran con tanta frecuencia en las instalaciones de algún negocio privado. Esperamos que ese negocio sea su máxima prioridad para evitar nuevos asesinatos y garantizar al público que su lugar de negocios sea un lugar seguro para estar. Ni siquiera consideraríamos la posibilidad de que pudieran permanecer en el negocio sin poder identificar al asesino en menos de la mitad de los casos.

Por lo tanto, lo que se discute no es solo la ineficacia de la policía gubernamental, sino también el tema entrelazado de la propiedad "pública". A diferencia de las áreas comunes proporcionadas por los propietarios de negocios privados (como vestíbulos de hoteles, estacionamientos y áreas comunes dentro de centros comerciales), no existe un reclamante residual del valor de las áreas comunes en el dominio público. No pueden ser vendidos y por lo tanto no tienen precios de mercado. Un propietario privado busca mantener o aumentar el valor de mercado de su propiedad, un aspecto del cual es la seguridad de sus áreas comunes, porque son el reclamante residual de ese valor. Sin embargo, este no es el caso de las áreas que están en el dominio público. Al igual que los otros aspectos de la calidad, como la presencia de graffiti, basura, atmósfera y mantenimiento, tienden a deteriorarse en áreas de dominio público, también lo hace la seguridad.

Los emprendedores que podrían tener mejores ideas que la policía de Chicago sobre cómo aumentar la seguridad de las áreas públicas no pueden adquirir la propiedad, probar sus ideas y determinar si esas ideas funcionan en función de si generan ganancias o pérdidas. Los funcionarios públicos tienen pocos incentivos para invertir en mejorar la seguridad de las áreas comunes que están bajo su control, ya que no sufren pérdidas al dejar que se deterioren y no obtienen beneficios al mejorarlas. Dado que los homicidios en cuestión son de individuos que tienen poca influencia política, tienen poca relevancia para las preocupaciones inmediatas de los funcionarios públicos.

A la luz de esto, deberíamos apreciar más profundamente lo que está en juego en los eslóganes como "Privatizar todo." No se trata simplemente de la transferencia nominal de objetos físicos o tierras del control estatal a individuos favorecidos, sino de transferirlos desde el reino del no-cálculo y fiduciarios al ámbito del cálculo económico y la soberanía del consumidor. Como cuestión práctica, podría salvar muchas vidas.

Tate Fegley is a 2018 Mises Institute Fellow, and winner of the 2018 Grant Aldrich Prize for Best Graduate Student paper at the Austrian Economics Research Confernce. He is currently a graduate student at George Mason University.

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